Cárceles, negocio y modernización
México transita hacia un nuevo modelo
penitenciario, en el que participa la Iniciativa Privada, bajo el modelo de
Asociaciones Público-Privadas (APPs), en la construcción y operación de algunos
servicios.
Es un cambio de paradigma. Las cárceles pasan
de ser un pesado fardo del presupuesto federal a un negocio rentable para las
empresas que participan en su construcción y operación parcial y un lugar mucho
más digno para internos, custodios, administradores y población flotante que
los visita.
Con este modelo se lograrán ahorros por 2,500
millones de pesos al año, que ya no tendrán que ser aportación del erario
federal.
El costo de un centro penitenciario bajo este
esquema resulta 30% más barato que con recursos federales.
Pero no sólo eso, la participación del
capital privado permitirá dotar de servicios de tecnología de punta y servicios
en general del primer mundo a los centros penitenciarios.
Es decir, no sólo aumentará la capacidad para
eliminar la sobrepoblación, sino que cambiará radicalmente el rostro y
operación de los centros penitenciarios.
Penitenciarías: empleo y derrama económica
Además, los centros penitenciarios serán una
fuente que generará derramas económicas permanentes.
El cálculo preliminar es que podrían generar
una derrama superior a los 4,000 millones de pesos por año en los ocho estados
de la República Mexicana en los que se están construyendo.
Se estima que 70 centavos de cada peso de la
proveeduría de los nuevos centros penitenciarios se quedarán en cada estado de
la República Mexicana.
Los nuevos Centros Penitenciarios permitirán
crear 12,000 empleos directos y 24,000 indirectos.
Se crearán 8,500 plazas para personal en los
centros penitenciarios.
Del hacinamiento a la modernización
De acuerdo con el subsecretario del Sistema
Penitenciario y el oficial mayor de la SPP, Patricio Patiño y Sergio Montaño,
respectivamente, el modelo penitenciario mexicano es de vanguardia
internacional.
Empresas privadas construyen ocho centros
penitenciarios que permitirán la ampliación de la capacidad actual en 20,000
espacios para igual número de internos.
Aunque en virtud de la estrategia de la
Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Genaro García Luna la intención es
generar 49,600 espacios, mediante la ampliación de los centros penitenciarios
actuales; la transferencia de centros estatales a la Federación; y la
construcción de ocho centros penitenciarios.
A la fecha, el sistema penitenciario en
México tiene una sobrepoblación que ronda los 45,000 internos.
Y es que la capacidad total es de 187,738
espacios y la población penitenciaria es de 232, 937 internos.
El problema de la sobrepoblación se concentra
en cinco entidades federativas: Distrito Federal, Estado de México, Jalisco,
Baja California y Sonora.
Y de ese conjunto, el DF registra una
participación en el total de la sobrepoblación de 21% y el resto de las
entidades, distintas al grupo mencionado, observan un 50 por ciento.
Del total de internos del fuero federal, 70%
se encuentra recluido en centros penitenciarios estatales y municipales, lo que
agrava los niveles de sobrepoblación.
Los socios del cambio
Las empresas privadas que participaron y
fueron asignadas con contratos para la construcción de centros penitenciarios
son: Arendal, en Chiapas; Homex, en Morelos, Prodemex, en Durango y Michoacán;
ICA, en Sonora y Guanajuato; GIA, en Oaxaca, y Tradeco, en Coahuila.
Todos ellos construirán centros
penitenciarios con capacidad de alrededor de 2,520 espacios y en total
aumentarán la capacidad actual en poco más de 20,000 espacios.
Todos ellos se sometieron al escrutinio de
las máximas autoridades de seguridad nacional y se ajustaron a los lineamientos
técnicos para la construcción y adquisición del equipo respectivo.
Además firmaron acuerdos de estricta confidencialidad
para no revelar tales especificaciones.
Sin embargo, la seguridad es inalienable y la
operación y administración de los centros penitenciarios serán controladas por
el gobierno federal y el resto de las actividades, aunque estarán bajo la operación
de los privados, se darán bajo la estricta supervisión de las autoridades de
seguridad.
CUENTOS VERAS
El golpe a las acciones de Televisa, de casi
4%, reflejó la decepción del mercado por la resolución de la comisión
antimonopolios, que no autorizó la operación de compra-venta de 50% de Grupo
Iusacell en 1,600 millones de dólares. Sin embargo, la negativa de la CFC es
apenas el inicio de una larga lucha legal.
Twitter: @marco_mares
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